Por Francesc Messeguer Lavín
@ElMesseguer
I.
Una
revisitación de cuando lo azul y amarillo no se llevan
En
buena medida, el logro de un presidente electo no sólo se encuentra en el
triunfo que consigue después de una contienda electoral, sino en lo legítimo
que éste pueda llegar a suponer, a partir de la misma.
Ya sucedió en 2006 que, a partir de una elección
ampliamente cuestionada, el candidato que resultó ganador, Felipe
Calderón, sufrió una profunda crisis de legitimidad a partir del proceso
electoral de 2006, lo que lo llevo a emprender una búsqueda por superarla.
Al emprender una justa en contra del crimen
organizado y sus muy diversas manifestaciones (en realidad la lucha se ha
centrado en contra del narcotráfico, y no tanto en las violaciones a los
derechos humanos que ésta u otra actividad ilícita ha supuesto para una gran
parte de la sociedad civil, que se ha visto inmersa en el conflicto), y con
miras de encontrar ese grandísimo triunfo, que convirtiera a la victoria de
Calderón en una genuina, el imaginario colectivo no hizo sino rectificar la
convicción arraigada –y en muchos casos acertada– del fraude electoral en contra de
Andrés Manuel López Obrador. Y, en todo caso, sólo supuso el inicio de lo que
terminó por convertirse en el grandísimo lastre con el que ha venido cargando el
presidente Calderón.
En ese mismo contexto, Andrés Manuel López
Obrador, en su urgencia de legitimación, a fin de cuentas, en su desentendimiento de las instituciones
correspondientes –a pesar de sus labores cuestionables–, fue proclamado como
presidente legítimo, tomando protesta el 20 de noviembre de 2006.
La discusión en ese sentido, estaba entre
los espurios, esos seres perversos cuya motivación había hecho posible la
usurpación de la presidencia de la República, y los legítimos: Andrés Manuel y
su gobierno, sus seguidores y el deseo del pueblo que, a la mirada del propio
López Obrador, era una manifestación de la voluntad general: “Sólo el pueblo
salva al pueblo”.
Pasaron seis años; una guerra, con su
chingo de muertos (¿cuántos caben en “un chingo”? (Monsiváis dixit); la manifestación del imaginario
colectivo y no muy deseable del retorno inevitable del PRI, y el #YoSoy132 como
una fuerza en crecimiento que intentó detenerlo; dos secretarios de gobernación
muertos, y una urgencia por reivindicarlos por parte del presidente, a partir
de anécdotas cumpleañeras de atentados y amenazas.
Pasó todo esto, y en realidad no pasó nada.
II. Las encuestas y la imposición
El pasado viernes 31 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, entregó la constancia
de mayoría que acredita a Enrique Peña Nieto, esa nueva cara del priismo que
nunca lo es tanto, como el próximo presidente de la República. “México tuvo una elección que no tiene por qué
invalidarse; tuvo elecciones libres y auténticas. México tiene un presidente
legítimo, electo por el pueblo: Enrique Peña Nieto”, expresó el magistrado Salvador
Nava Gomar y, con ello, la consigna clara, traducida en el sentimiento de legitimación
del proceso electoral de 2012. Si las elecciones de 2006 fueron controvertidas,
entonces la urgencia de limpiar las de 2012, no debiera sorprender. No es
ninguna coincidencia, en este sentido, que los implicados en el mismo, se
ufanen de decir que las elecciones fueron abiertas y libres y limpias, cuando
existen pruebas –aisladas, sí, pero que en todo caso incurren a una no validez
del argumento– de que no lo fueron.
Hay que decirlo: Enrique Peña Nieto va a ser
el próximo presidente del país. Mucho se comentó a propósito del recorrido que
el abanderado priista tuvo que realizar, para llegar hasta su posición actual.
En términos generales, se habla de dos grandes temas: el primero, sobre la
compra y coacción del voto; el segundo, sobre la imposición que supone su
triunfo, en el pasado proceso electoral.
En el primer caso, se trata de prácticas que
obedecen a una antigua maquinaría priista, en donde se busca encontrar una
audiencia cautiva –por llamarla de alguna manera–, que funciona a partir del
trueque de voluntades con mercancías: tarjetas y dinero en efectivo, urnas
embarazadas o secuestro de las mismas; cosa que no quiere decir que hacerlo
–recurrir a estas prácticas– esté bien, pero aparentemente nunca se dicho que
está mal, por lo que se sigue realizando. Y, en este sentido, la tradición de la compra y coacción del
voto ha sido adaptada y acogida y reinventada por las demás fuerzas políticas.
En el segundo caso, se habla e incluso se
afirma, que existió una imposición de Enrique Peña Nieto, siendo él, no sólo el
abanderado del PRI, sino de un grupo selecto que busca seguir protegiendo sus
intereses. Sin embargo, me parece que se trata de prácticas impositivas, y no
de una imposición como tal; por lo menos no en términos de las pruebas
presentadas por el Movimiento Progresista ante el TEPJF. En este sentido –en el
de las prácticas impositivas–, recuerdo dos casos, ambos relativos al 1 de julio, mientras
se daban a conocer los primeros resultados de la contienda electoral.
El
primero, cuando Calderón salió a reconocer el triunfo del priista, en un mensaje
en cadena nacional, mientras el PREP apenas iniciaba, en donde, si bien esos
resultados, pueden asemejarse mucho a los finales, lo cierto es que no son los
definitivos. Y, en ese sentido, alguien como Calderón, producto de un proceso
electoral ampliamente controvertido, debiera saber que una afirmación de tal
magnitud, viniendo de un personaje de características tan específicas, no es de
tomarse a la ligera. Calderón corregiría tres días después de su mensaje, en
entrevista con Ciro Gómez Leyva en Milenio Televisión. “No está agendada, pero
desde luego me voy a reunir con él (Peña Nieto) […] o con quien resulte
presidente electo, en términos de las autoridades electorales”, comentaría el
presidente.
El segundo caso, tiene que ver con la
felicitación hecha a partir de diversas embajadas, hacia el candidato priista, dando
ya por hecho la victoria del mismo. Sin embargo y con afán explicativo, lo
anterior podría explicarse a partir de las encuestas. Pese a que no es
comprobable, es cierto que los estudios de opinión tienen una incidencia
directa en las personas que las consumen: pueden llegar a influir a una persona
sobre el sentido de su voto. Las encuestas funcionaron como uno de los
principales causales de invalidez electoral presentada por los partidos de
izquierda. Sin embargo, aunque la protesta era válida, el sentido en el que
pretendían usarla, no funcionó: el impacto de las encuestas es evidente, pero
no medible, en términos de ese mismo impacto. No se puede saber a cuánta gente influye
tal o cual encuesta, a pesar de que lo haga; es imposible medir el impacto, a
pesar de que siempre esté allí. Las encuestas fallaron terriblemente –en
realidad lo vienen haciendo desde la elección de 1994 (Roy Campos dixit) –, a pesar de que coincidían, en
su gran mayoría, en ubicar a Enrique Peña Nieto en el primer lugar. En el
sentido de su interminable repetición, las encuestas pueden llegar a generar un
imaginario colectivo determinado a partir de los resultados que arrojan, de tal
manera que los dan por sentado. Esos mismos resultados, son publicados en
diversos medios de información, de tal manera que no sólo se dan por sentado,
sino se propagan y se manifiestan y editorializan a partir de no muy pocos
encabezados en periódico, y columnas de opinión. “Peña Nieto será el próximo
presidente de México”, “Las protestas sociales del #YoSoy132, no le están
quitando puntos al puntero”, “Ésta ha sido una elección aburrida; en términos
generales, las encuestas muestran que, de mantenerse así, el proceso ya está
decidido”, son sólo algunos ejemplos de manifestaciones realizadas a partir de
los resultados arrojados por encuestas determinadas, que se encontraban en
diversos medios de información. Esos mismos resultados, una vez analizados
–porque la publicación nunca es suficiente–, llegan a nosotros: ciudadanos (no
debiera existir esa división como tal) y estudiantes, políticos y diplomáticos.
Y en ese sentido, la felicitación de las embajadas de diferentes países al candidato
priista, obedece, en primer lugar, al seguimiento exhaustivo de las mencionadas
encuestas, pese a sus errores, y a la publicación y el análisis que diferentes
medios hacen a partir de ella; mientras que, en un segundo lugar, responden a
la felicitación realizada y el sentido de cooperación ofrecido, por parte del
presidente Calderón a Enrique Peña Nieto, ese 1 de julio.
La imposición, pues, existe en el sentido de
que es producto de diversas prácticas impositivas que dejan de considerar a “lo
cierto”, y sólo miran a “lo verdadero”. En otras palabras, la imposición existe
mientras se da por hecho su no existencia; existe siempre que algo se dé por
hecho; existe siempre y cuando se deje que exista. Y, en la urgencia de limpiar
la mala imagen del IFE –por su deficiencia en nombrar a los consejeros
electorales faltantes, y por el sentimiento generalizado de incompetencia, en
las elecciones del 2006–, pero sobre todo, en la prisa de justificar la Reforma
Electoral de 2007, y a todos sus implicados, el proceso electoral del 2012, ha
sido, entonces, libre de imposición, aunque no de prácticas impositivas.
III. “No sé qué me da más coraje: que el TEPJF
valide el triunfo de Peña o las pruebas que presentó el Movimiento Progresista
para que no lo haga.”
Andrés
Manuel López Obrador es el artífice más grande del arte contemporáneo en
México. La Expo Fraude, y su Festival por la Democracia, construido a partir de
actividades artísticas y culturales, son quizás sus grandísimas pruebas. El ex
jefe de gobierno es también un buen intérprete del performance: logró ser
presidente legítimo sin que nadie se lo echara en cara. No me refiero a las
críticas evidentes del 2006, con respecto al hecho. Sino, a los juicios negados
del 2012. Nadie le reclamó el buscar la presidencia por una segunda ocasión, a
partir de un reclamo construido de la idea de buscar la presidencia aun siendo
presidente, en un país en donde no está permitida la reelección. Es decir,
López Obrador fue proclamado y tomó protesta, como presidente legítimo de
México; incluso nombró a un gabinete propio. Sin embargo, llegó el 2011, y
entre las aspiraciones claras de Andrés Manuel, y los retos dirigidos a Peña
Nieto por parte de Marcelo Ebrard, el primero terminó superando al segundo,
convirtiéndose así en el candidato presidencial de las izquierdas, por segunda
ocasión. Los comentarios hacia lo sucedido, revelaban lo una vez ya dicho:
Andrés Manuel no iba a dejar pasar esta oportunidad. No obstante, nadie le
recriminó el hecho de haberse postulado como candidato, siendo presidente
legítimo, por el problema que eso suponía. ¿Cómo reclamarle a alguien una
condición arraigada que no posee? ¿Cómo reclamarle al presidente legítimo su
segunda búsqueda por la presidencia de la República, sin reconocer entonces que
lo es? De haber existido este tipo de reclamos, revelarían, de un lado, lo
incómodo: Andrés Manuel López Obrador no sólo ganó las elecciones de 2006, sino
que fue víctima de un fraude electoral, orquestado, cómo el dijo, “desde
arriba”; y ante este robo descarado de la presidencia, no existe conflicto
alguno en reclamar lo que es suyo: el haber ganado la presidencia de México, a
partir de la voluntad de la gente. No obstante, la existencia de este tipo de
reclamos, también revelaría lo no dispuesto a reconocer: Andrés Manuel fue
víctima de un fraude electoral y es presidente legítimo de México, hasta que
acabe su mandato, aunque no puede buscar la presidencia una vez más, pues ya lo
ha hecho y conseguido. ¿Cómo traicionar ese principio fundamentalmente
democrático, en lo que a historia de México se refiere?
Por supuesto, lo anterior no supone más que
un debate ideológico sobre lo verdaderamente democrático: quién es el verdadero
demócrata. Y es que, ¿qué ha sido la vida política, sino la búsqueda de la
superioridad moral? Si se mira de cerca a las secretarías fundadas por Andrés
Manuel López Obrador, una vez habiendo tomado posesión como presidente legítimo,
o incluso si se observa a las posibles secretarías, que pretendía crear en caso
de ganar la elección de 2012, nos encontramos con diversos indicadores que, en
buena medida, hablan de superioridad moral: Secretaría de Honestidad y
Austeridad Republicana, en 2006, y Secretaría de la Honestidad y Combate a la
Corrupción en 2012. De hecho la campaña
por la presidencia de López Obrador, estuvo plagada de indicadores que
intentaban revelarla: la constitución moral que proponía, y las declaraciones
que hizo en reunión con Javier Sicilia en el Castillo de Chapultepec, son sólo
un ejemplo de esto. La lucha principal de Andrés Manuel López Obrador ha sido
la constante búsqueda por poder relegitimar su causa, a partir de los grandes
errores que ha cometido, su necia intención de no reconocerlos.
IV. Yo sólo dialogo habiendo ganado la
presidencia
Enrique
Peña Nieto no dialoga. No lo hizo en la contienda electoral del 2012, pese a
los ejercicios organizados por Milenio, MVS –en el espacio de Carmen
Aristegui–, y #YoSoy132, siempre tomando como escusa su asistencia condicionada
únicamente a los debates organizados por el IFE; en el caso del debate 132, el
priista argumentó que no existían condiciones de neutralidad (por el
pronunciamiento del mencionado movimiento en contra del PRI y de su candidato).
El 1 de julio pasó y Peña Nieto es el
presidente electo de México. Para muchos será su presidente legal y legítimo,
mientras que para otros sólo será aquella figura que ocupa el Poder Ejecutivo,
cuya designación se dio mediante mecanismos que se presumen de legales, pero
cuya posición no supone sino un insulto –o un luto– a la democracia y un
retroceso a un régimen de autoritarismo y corrupción.
En este sentido, y en la urgencia de
legitimación, Enrique Peña quiere validar su triunfo a partir de todo de lo que
se le ha acusado: falta de transparencia, prácticas corruptas y una
contratación abusiva de publicidad en los medios. Para solventar el primer
caso, se presume que durante su gobierno se fortalecerán las facultades del Instituto
Federal de Acceso a la Información (IFAI); para el segundo, una Comisión Nacional
Anticorrupción integrada por ciudadanos, cuya creación suponga la desaparición
de la Secretaría de la Función Pública, y cuya operación comience el primero de
diciembre; y para el tercero, regular la asignación de los espacios en medios
de información.
La consigna es clara, y de alguna manera
sintomática: el triunfo de un candidato presidencial en un proceso electoral,
será válido conforme a su desempeño en el cargo, a pesar de la manera en la que
llegó a él; esto, producto de las deficiencias de un sistema democrático que
juzga a sus representantes electos a partir de la manera en la que llegaron al
cargo aspirado, y no desde su desempeño en el mismo.
