De presidencias legítimas

Por Francesc Messeguer Lavín
@ElMesseguer

I.                   Una revisitación de cuando lo azul y amarillo no se llevan

En buena medida, el logro de un presidente electo no sólo se encuentra en el triunfo que consigue después de una contienda electoral, sino en lo legítimo que éste pueda llegar a suponer, a partir de la misma.

   Ya sucedió en 2006 que, a partir de una elección ampliamente cuestionada, el candidato que resultó ganador, Felipe Calderón, sufrió una profunda crisis de legitimidad a partir del proceso electoral de 2006, lo que lo llevo a emprender una búsqueda por superarla.

   Al emprender una justa en contra del crimen organizado y sus muy diversas manifestaciones (en realidad la lucha se ha centrado en contra del narcotráfico, y no tanto en las violaciones a los derechos humanos que ésta u otra actividad ilícita ha supuesto para una gran parte de la sociedad civil, que se ha visto inmersa en el conflicto), y con miras de encontrar ese grandísimo triunfo, que convirtiera a la victoria de Calderón en una genuina, el imaginario colectivo no hizo sino rectificar la convicción arraigada –y en muchos casos acertada– del fraude electoral en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y, en todo caso, sólo supuso el inicio de lo que terminó por convertirse en el grandísimo lastre con el que ha venido cargando el presidente Calderón.

    En ese mismo contexto, Andrés Manuel López Obrador, en su urgencia de legitimación, a fin de cuentas,  en su desentendimiento de las instituciones correspondientes –a pesar de sus labores cuestionables–, fue proclamado como presidente legítimo, tomando protesta el 20 de noviembre de 2006.

     La discusión en ese sentido, estaba entre los espurios, esos seres perversos cuya motivación había hecho posible la usurpación de la presidencia de la República, y los legítimos: Andrés Manuel y su gobierno, sus seguidores y el deseo del pueblo que, a la mirada del propio López Obrador, era una manifestación de la voluntad general: “Sólo el pueblo salva al pueblo”.

    Pasaron seis años; una guerra, con su chingo de muertos (¿cuántos caben en “un chingo”? (Monsiváis dixit); la manifestación del imaginario colectivo y no muy deseable del retorno inevitable del PRI, y el #YoSoy132 como una fuerza en crecimiento que intentó detenerlo; dos secretarios de gobernación muertos, y una urgencia por reivindicarlos por parte del presidente, a partir de anécdotas cumpleañeras de atentados y amenazas.

    Pasó todo esto, y en realidad no pasó nada.

II. Las encuestas y la imposición

    El pasado viernes 31 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,  entregó la constancia de mayoría que acredita a Enrique Peña Nieto, esa nueva cara del priismo que nunca lo es tanto, como el próximo presidente de la República. “México tuvo una elección que no tiene por qué invalidarse; tuvo elecciones libres y auténticas. México tiene un presidente legítimo, electo por el pueblo: Enrique Peña Nieto”, expresó el magistrado Salvador Nava Gomar y, con ello, la consigna clara, traducida en el sentimiento de legitimación del proceso electoral de 2012. Si las elecciones de 2006 fueron controvertidas, entonces la urgencia de limpiar las de 2012, no debiera sorprender. No es ninguna coincidencia, en este sentido, que los implicados en el mismo, se ufanen de decir que las elecciones fueron abiertas y libres y limpias, cuando existen pruebas –aisladas, sí, pero que en todo caso incurren a una no validez del argumento– de que no lo fueron.

   Hay que decirlo: Enrique Peña Nieto va a ser el próximo presidente del país. Mucho se comentó a propósito del recorrido que el abanderado priista tuvo que realizar, para llegar hasta su posición actual. En términos generales, se habla de dos grandes temas: el primero, sobre la compra y coacción del voto; el segundo, sobre la imposición que supone su triunfo, en el pasado proceso electoral.

   En el primer caso, se trata de prácticas que obedecen a una antigua maquinaría priista, en donde se busca encontrar una audiencia cautiva –por llamarla de alguna manera–, que funciona a partir del trueque de voluntades con mercancías: tarjetas y dinero en efectivo, urnas embarazadas o secuestro de las mismas; cosa que no quiere decir que hacerlo –recurrir a estas prácticas– esté bien, pero aparentemente nunca se dicho que está mal, por lo que se sigue realizando. Y, en este sentido, la tradición de la compra y coacción del voto ha sido adaptada y acogida y reinventada por las demás fuerzas políticas.

   En el segundo caso, se habla e incluso se afirma, que existió una imposición de Enrique Peña Nieto, siendo él, no sólo el abanderado del PRI, sino de un grupo selecto que busca seguir protegiendo sus intereses. Sin embargo, me parece que se trata de prácticas impositivas, y no de una imposición como tal; por lo menos no en términos de las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista ante el TEPJF. En este sentido –en el de las prácticas impositivas–, recuerdo dos casos, ambos relativos al 1 de julio, mientras se daban a conocer los primeros resultados de la contienda electoral.

     El primero, cuando Calderón salió a reconocer el triunfo del priista, en un mensaje en cadena nacional, mientras el PREP apenas iniciaba, en donde, si bien esos resultados, pueden asemejarse mucho a los finales, lo cierto es que no son los definitivos. Y, en ese sentido, alguien como Calderón, producto de un proceso electoral ampliamente controvertido, debiera saber que una afirmación de tal magnitud, viniendo de un personaje de características tan específicas, no es de tomarse a la ligera. Calderón corregiría tres días después de su mensaje, en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Milenio Televisión. “No está agendada, pero desde luego me voy a reunir con él (Peña Nieto) […] o con quien resulte presidente electo, en términos de las autoridades electorales”, comentaría el presidente.

    El segundo caso, tiene que ver con la felicitación hecha a partir de diversas embajadas, hacia el candidato priista, dando ya por hecho la victoria del mismo. Sin embargo y con afán explicativo, lo anterior podría explicarse a partir de las encuestas. Pese a que no es comprobable, es cierto que los estudios de opinión tienen una incidencia directa en las personas que las consumen: pueden llegar a influir a una persona sobre el sentido de su voto. Las encuestas funcionaron como uno de los principales causales de invalidez electoral presentada por los partidos de izquierda. Sin embargo, aunque la protesta era válida, el sentido en el que pretendían usarla, no funcionó: el impacto de las encuestas es evidente, pero no medible, en términos de ese mismo impacto. No se puede saber a cuánta gente influye tal o cual encuesta, a pesar de que lo haga; es imposible medir el impacto, a pesar de que siempre esté allí. Las encuestas fallaron terriblemente –en realidad lo vienen haciendo desde la elección de 1994 (Roy Campos dixit) –, a pesar de que coincidían, en su gran mayoría, en ubicar a Enrique Peña Nieto en el primer lugar. En el sentido de su interminable repetición, las encuestas pueden llegar a generar un imaginario colectivo determinado a partir de los resultados que arrojan, de tal manera que los dan por sentado. Esos mismos resultados, son publicados en diversos medios de información, de tal manera que no sólo se dan por sentado, sino se propagan y se manifiestan y editorializan a partir de no muy pocos encabezados en periódico, y columnas de opinión. “Peña Nieto será el próximo presidente de México”, “Las protestas sociales del #YoSoy132, no le están quitando puntos al puntero”, “Ésta ha sido una elección aburrida; en términos generales, las encuestas muestran que, de mantenerse así, el proceso ya está decidido”, son sólo algunos ejemplos de manifestaciones realizadas a partir de los resultados arrojados por encuestas determinadas, que se encontraban en diversos medios de información. Esos mismos resultados, una vez analizados –porque la publicación nunca es suficiente–, llegan a nosotros: ciudadanos (no debiera existir esa división como tal) y estudiantes, políticos y diplomáticos. Y en ese sentido, la felicitación de las embajadas de diferentes países al candidato priista, obedece, en primer lugar, al seguimiento exhaustivo de las mencionadas encuestas, pese a sus errores, y a la publicación y el análisis que diferentes medios hacen a partir de ella; mientras que, en un segundo lugar, responden a la felicitación realizada y el sentido de cooperación ofrecido, por parte del presidente Calderón a Enrique Peña Nieto, ese 1 de julio.

   La imposición, pues, existe en el sentido de que es producto de diversas prácticas impositivas que dejan de considerar a “lo cierto”, y sólo miran a “lo verdadero”. En otras palabras, la imposición existe mientras se da por hecho su no existencia; existe siempre que algo se dé por hecho; existe siempre y cuando se deje que exista. Y, en la urgencia de limpiar la mala imagen del IFE –por su deficiencia en nombrar a los consejeros electorales faltantes, y por el sentimiento generalizado de incompetencia, en las elecciones del 2006–, pero sobre todo, en la prisa de justificar la Reforma Electoral de 2007, y a todos sus implicados, el proceso electoral del 2012, ha sido, entonces, libre de imposición, aunque no de prácticas impositivas.

                         III. “No sé qué me da más coraje: que el TEPJF valide el triunfo de Peña o las pruebas que presentó el Movimiento Progresista para que no lo haga.”

Andrés Manuel López Obrador es el artífice más grande del arte contemporáneo en México. La Expo Fraude, y su Festival por la Democracia, construido a partir de actividades artísticas y culturales, son quizás sus grandísimas pruebas. El ex jefe de gobierno es también un buen intérprete del performance: logró ser presidente legítimo sin que nadie se lo echara en cara. No me refiero a las críticas evidentes del 2006, con respecto al hecho. Sino, a los juicios negados del 2012. Nadie le reclamó el buscar la presidencia por una segunda ocasión, a partir de un reclamo construido de la idea de buscar la presidencia aun siendo presidente, en un país en donde no está permitida la reelección. Es decir, López Obrador fue proclamado y tomó protesta, como presidente legítimo de México; incluso nombró a un gabinete propio. Sin embargo, llegó el 2011, y entre las aspiraciones claras de Andrés Manuel, y los retos dirigidos a Peña Nieto por parte de Marcelo Ebrard, el primero terminó superando al segundo, convirtiéndose así en el candidato presidencial de las izquierdas, por segunda ocasión. Los comentarios hacia lo sucedido, revelaban lo una vez ya dicho: Andrés Manuel no iba a dejar pasar esta oportunidad. No obstante, nadie le recriminó el hecho de haberse postulado como candidato, siendo presidente legítimo, por el problema que eso suponía. ¿Cómo reclamarle a alguien una condición arraigada que no posee? ¿Cómo reclamarle al presidente legítimo su segunda búsqueda por la presidencia de la República, sin reconocer entonces que lo es? De haber existido este tipo de reclamos, revelarían, de un lado, lo incómodo: Andrés Manuel López Obrador no sólo ganó las elecciones de 2006, sino que fue víctima de un fraude electoral, orquestado, cómo el dijo, “desde arriba”; y ante este robo descarado de la presidencia, no existe conflicto alguno en reclamar lo que es suyo: el haber ganado la presidencia de México, a partir de la voluntad de la gente. No obstante, la existencia de este tipo de reclamos, también revelaría lo no dispuesto a reconocer: Andrés Manuel fue víctima de un fraude electoral y es presidente legítimo de México, hasta que acabe su mandato, aunque no puede buscar la presidencia una vez más, pues ya lo ha hecho y conseguido. ¿Cómo traicionar ese principio fundamentalmente democrático, en lo que a historia de México se refiere?

   Por supuesto, lo anterior no supone más que un debate ideológico sobre lo verdaderamente democrático: quién es el verdadero demócrata. Y es que, ¿qué ha sido la vida política, sino la búsqueda de la superioridad moral? Si se mira de cerca a las secretarías fundadas por Andrés Manuel López Obrador, una vez habiendo tomado posesión como presidente legítimo, o incluso si se observa a las posibles secretarías, que pretendía crear en caso de ganar la elección de 2012, nos encontramos con diversos indicadores que, en buena medida, hablan de superioridad moral: Secretaría de Honestidad y Austeridad Republicana, en 2006, y Secretaría de la Honestidad y Combate a la Corrupción en 2012.  De hecho la campaña por la presidencia de López Obrador, estuvo plagada de indicadores que intentaban revelarla: la constitución moral que proponía, y las declaraciones que hizo en reunión con Javier Sicilia en el Castillo de Chapultepec, son sólo un ejemplo de esto. La lucha principal de Andrés Manuel López Obrador ha sido la constante búsqueda por poder relegitimar su causa, a partir de los grandes errores que ha cometido, su necia intención de no reconocerlos.

IV. Yo sólo dialogo habiendo ganado la presidencia

Enrique Peña Nieto no dialoga. No lo hizo en la contienda electoral del 2012, pese a los ejercicios organizados por Milenio, MVS –en el espacio de Carmen Aristegui–, y #YoSoy132, siempre tomando como escusa su asistencia condicionada únicamente a los debates organizados por el IFE; en el caso del debate 132, el priista argumentó que no existían condiciones de neutralidad (por el pronunciamiento del mencionado movimiento en contra del PRI y de su candidato).

    El 1 de julio pasó y Peña Nieto es el presidente electo de México. Para muchos será su presidente legal y legítimo, mientras que para otros sólo será aquella figura que ocupa el Poder Ejecutivo, cuya designación se dio mediante mecanismos que se presumen de legales, pero cuya posición no supone sino un insulto –o un luto– a la democracia y un retroceso a un régimen de autoritarismo y corrupción.

    En este sentido, y en la urgencia de legitimación, Enrique Peña quiere validar su triunfo a partir de todo de lo que se le ha acusado: falta de transparencia, prácticas corruptas y una contratación abusiva de publicidad en los medios. Para solventar el primer caso, se presume que durante su gobierno se fortalecerán las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI); para el segundo, una Comisión Nacional Anticorrupción integrada por ciudadanos, cuya creación suponga la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, y cuya operación comience el primero de diciembre; y para el tercero, regular la asignación de los espacios en medios de información.    

   La consigna es clara, y de alguna manera sintomática: el triunfo de un candidato presidencial en un proceso electoral, será válido conforme a su desempeño en el cargo, a pesar de la manera en la que llegó a él; esto, producto de las deficiencias de un sistema democrático que juzga a sus representantes electos a partir de la manera en la que llegaron al cargo aspirado, y no desde su desempeño en el mismo.